El gobierno de Estados Unidos está intensificando el uso de las cortes migratorias para iniciar procesos de deportación, en medio de un fuerte aumento de casos en todo el país y una creciente preocupación entre millones de inmigrantes latinos.
Según datos del centro de investigación TRAC, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó cerca de 47.900 nuevos casos de deportación en marzo de 2026, casi el doble de los registrados en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron poco más de 24.500.
La mayoría de los procesos no está relacionada con delitos criminales. De acuerdo con los registros, gran parte de los casos corresponde a presuntas violaciones migratorias, como ingresar al país sin autorización o permanecer después del vencimiento de una visa.
El incremento refleja un endurecimiento de las políticas migratorias y un mayor enfoque en la aplicación de las leyes de inmigración, incluso en casos donde no existen antecedentes penales.
Mientras tanto, el sistema judicial migratorio enfrenta una reducción en su capacidad operativa. El número de jueces de inmigración cayó significativamente durante el último año, lo que ha provocado retrasos aún mayores en las audiencias y decisiones.
Actualmente, resolver un caso migratorio puede tomar cerca de tres años en promedio, aunque muchas familias deben esperar aún más tiempo antes de recibir una primera audiencia.
A nivel nacional, millones de casos siguen acumulándose en las cortes migratorias, manteniendo una fuerte presión sobre el sistema judicial de inmigración.
En ciudades como Charlotte, Carolina del Norte, la tendencia ha sido diferente. Aunque los nuevos procesos aumentaron en los primeros meses de 2026, el número total de casos iniciados sigue siendo menor en comparación con el año anterior.
Especialistas señalan que el comportamiento de las cortes migratorias puede variar considerablemente entre estados y regiones, dependiendo de las prioridades operativas y la capacidad local de cada tribunal.
El aumento de procesos migratorios ocurre en un momento de creciente incertidumbre para muchas comunidades latinas en Estados Unidos, especialmente entre familias con casos pendientes o personas que esperan resoluciones migratorias.
