El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presentó una denuncia contra el Estado español ante la Comisión Europea al considerar que las autoridades españolas no están aplicando la ley de amnistía conforme al derecho de la Unión Europea, pese al reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La acción fue presentada también en nombre del eurodiputado Toni Comín y del exconseller Lluís Puig.
La denuncia fue impulsada después de que el Tribunal de Cuentas solicitara a las partes pronunciarse sobre la posibilidad de excluir de la amnistía a una treintena de ex altos cargos del Govern investigados por los gastos vinculados al procés, en caso de que se demostrara el uso de fondos procedentes de la Unión Europea. Para la defensa de Puigdemont, esta actuación supone un obstáculo para la aplicación efectiva de la norma respaldada por la justicia europea.
El escrito, elaborado por el abogado Gonzalo Boye, sostiene que durante más de cuatro años de procedimiento nunca se planteó la existencia de financiación con recursos comunitarios y que la providencia del Tribunal de Cuentas no incorpora nuevos elementos que justifiquen reabrir esa cuestión. Por ello, considera que el órgano fiscalizador está incumpliendo el alcance de la sentencia del TJUE.
En la denuncia, la defensa solicita a la Comisión Europea que abra un procedimiento de infracción contra España por un presunto incumplimiento del derecho de la Unión Europea y por no aplicar la ley de amnistía conforme a la interpretación realizada por el tribunal europeo.
La presentación del recurso añade un nuevo episodio al conflicto judicial derivado del procés independentista y mantiene abierto el debate sobre la ejecución de la ley de amnistía, cuya aplicación continúa siendo objeto de controversia en distintas instancias judiciales españolas.
