El mandatario nicaragüense argumentó que no habrá más procesos electorales para evitar el regreso de la oposición al poder. La decisión consolida el control total que mantiene junto a su esposa, Rosario Murillo.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo que el país centroamericano no volverá a celebrar elecciones generales, cancelando de manera definitiva la posibilidad de un relevo en el poder cuando concluya su mandato actual. La medida supone el cierre formal de la vía democrática y afianza el modelo autoritario que encabeza junto a su esposa y co-mandataria, Rosario Murillo.
Ortega, de 80 años, en el poder de forma ininterrumpida desde 2007 —tras un primer periodo presidencial durante la década de 1980—, argumentó que la decisión busca bloquear permanentemente a las fuerzas de oposición en el país.
«No habrá más elecciones aquí para que intenten tomar el gobierno y el poder. Los días en que los partidos apoyados por los yanquis y los somocistas volvían al poder se acabaron; nunca más», afirmó durante el acto de conmemoración de la Revolución Sandinista de 1979, en su primera aparición pública en dos meses.
El mandatario no ofreció detalles técnicos ni legales sobre cómo se ejecutará formalmente esta disposición en la legislación del país.
Hegemonía y reformas a la medida
El anuncio representa la culminación de un proceso paulatino de erosión institucional en Nicaragua:
- Elecciones bajo sospecha (2021): El último proceso electoral fue calificado de ilegítimo por la comunidad internacional después de que el régimen encarcelara a los principales precandidatos opositores, líderes gremiales y periodistas independientes.
- Co-presidencia y mandatos extendidos: Mediante reformas constitucionales recientes, Ortega elevó al rango de «co-presidenta» a su esposa, Rosario Murillo, y amplió el periodo de mandato a seis años.
- Control absoluto: La pareja presidencial ejerce un dominio total sobre el Poder Judicial, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Denuncias de la ONU y crisis sociopolítica
La deriva del régimen se profundizó tras las protestas ciudadanas de abril de 2018, cuya represión por parte de las fuerzas estatales dejó más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de miles de nicaragüenses en el exilio.
Recientes informes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que el gobierno ha convertido a Nicaragua en un «Estado autoritario», marcado por la despojo sistemático de la nacionalidad a opositores, la persecución a la Iglesia Católica y la clausura masiva de organizaciones de la sociedad civil.
