La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, intensificó su confrontación con el Poder Judicial al denunciar lo que calificó como un supuesto “golpe de Estado judicial” contra su administración. La declaración fue realizada tras la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de extender el nombramiento de 12 jueces suplentes cuyos cargos ya habían vencido.
El pronunciamiento de la mandataria se produjo en medio de un creciente enfrentamiento entre el Gobierno y el sistema judicial. Paralelamente, legisladores oficialistas difundieron un video respaldando la posición del Ejecutivo. En la grabación participaron el jefe de la bancada gubernamental, Nogui Acosta, y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien anunció la presentación de una querella por presunta prevaricación contra los magistrados que respaldaron la resolución.
Especialistas en derecho constitucional rechazaron la interpretación del Gobierno. El jurista Hubert May explicó que la decisión de la Sala Constitucional no vulnera la separación de poderes, sino que recuerda a la Asamblea Legislativa su obligación de realizar los nombramientos que le corresponden.
En la misma línea, el constitucionalista Marvin Carvajal afirmó que el incumplimiento proviene del Parlamento por no completar esas designaciones, mientras que Sergio Araya calificó como “temeraria e incendiaria” la comparación realizada por la presidenta al hablar de un golpe de Estado.
Crece el choque entre el Ejecutivo y la Justicia
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial costarricense no son nuevas. El Gobierno de Laura Fernández y el expresidente y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, sostienen que el sistema judicial representa un obstáculo para las reformas impulsadas por la administración.
El movimiento político identificado con Chaves también acusa a sectores de la Justicia de favorecer a figuras políticas tradicionales vinculadas a casos de corrupción y de mantener una respuesta insuficiente frente al crimen organizado.
Por su parte, representantes del ámbito judicial han cuestionado los recortes presupuestarios promovidos por el Ejecutivo, al considerar que afectan la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia organizada. Además, continúan abiertas investigaciones y procesos que involucran a Chaves y a otros integrantes del Gobierno.
En declaraciones publicadas por el diario español El País, el fiscal general Carlo Díaz sostuvo que el Ejecutivo estaría promoviendo un clima de confrontación entre las instituciones. Según su análisis, ese escenario podría utilizarse para justificar medidas extraordinarias en nombre de la seguridad, con eventuales restricciones a derechos individuales y un fortalecimiento del poder del Gobierno.
