El Parlamento Europeo aprobó el llamado Reglamento de Retornos, una medida que ha sido calificada como la creación de una “ICE europea”, en referencia al modelo migratorio de Estados Unidos.
La comparación apunta a la Immigration and Customs Enforcement (ICE), que se fortaleció y endureció sus acciones durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
La nueva normativa introduce reglas más estrictas para la deportación de personas migrantes, incluyendo la posibilidad de enviarlas a centros de retorno en terceros países, siempre que existan acuerdos previos y se respete el principio de no devolución.
Uno de los puntos más polémicos es la obligación de que los migrantes “cooperen activamente” en su propia expulsión. En caso de negativa, se contemplan sanciones como la retirada de prestaciones sociales, la prohibición de trabajar e incluso castigos penales.
Además, el reglamento amplía el tiempo de detención administrativa, que podrá alcanzar hasta 24 meses en determinadas circunstancias, como riesgo de fuga o problemas con la documentación.
La medida fue aprobada con el respaldo de sectores conservadores y de derecha, entre ellos el Partido Popular Europeo, y ha sido duramente criticada por partidos de izquierda y centroizquierda, que advierten sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
El texto pasa ahora a la fase final de negociación dentro de la Unión Europea, en un contexto que refleja un endurecimiento significativo de la política migratoria del bloque, cada vez más cercano a modelos restrictivos aplicados en otros países.
